Contraloría revela hallazgos fiscales por $108 mil millones en Prosperidad Social
Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.
Alianza Informativa La Libertad
La auditoría a Prosperidad Social de 2023 muestra irregularidades en la gestión presupuestal y subsidios, con 10 hallazgos fiscales y solicitudes de indagación.
La Contraloría General de la Nación ha publicado un informe revelador sobre la gestión del Departamento de Prosperidad Social (DPS) correspondiente al año 2023, destacando una serie de irregularidades y hallazgos fiscales significativos. Tras realizar una exhaustiva auditoría a los estados financieros del DPS, el ente de control identificó un total de 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 tienen presunta incidencia disciplinaria. De estos hallazgos, 10 fueron catalogados con implicaciones fiscales, acumulando un total de $108.869.283.650.
Además, la Contraloría solicitó la apertura de dos indagaciones preliminares, que abarcan un monto adicional de $46.717.108.000. Este análisis ha puesto en evidencia deficiencias importantes en la administración y ejecución del presupuesto destinado al DPS para 2023.
El informe detalló que la asignación presupuestal para Prosperidad Social en 2023 fue de $9.8 billones para 18 proyectos de inversión. Sin embargo, solo se ejecutó el 85% de este monto, lo que resultó en una pérdida de apropiación de $1.459.369.495.179 durante la vigencia auditada. Este déficit refleja una gestión ineficaz y problemas en la ejecución del presupuesto.
Entre los problemas destacados, se observó una deficiente administración del presupuesto y se reveló que en los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor hay beneficiarios que no tienen derecho a estos subsidios o que ya han fallecido. En particular, el programa Jóvenes en Acción mostró deficiencias en la aplicación de criterios de permanencia. Según la Contraloría, «se permite perpetuar en el tiempo el pago de beneficios a jóvenes cuyos ingresos superan los índices de pobreza establecidos por el DANE en la vigencia 2023», lo que cuestiona la efectividad del programa en la identificación y apoyo a los beneficiarios que realmente lo necesitan.
Estos hallazgos ponen en evidencia la necesidad urgente de revisar y corregir los procedimientos administrativos y fiscales en Prosperidad Social para garantizar una mejor utilización de los recursos destinados a los programas sociales.
