Procuraduría suspende al canciller Álvaro Leyva.
Además, la Procuraduría le acaba de formular pliego de cargos. Estas son las razones.
Alianza Informativa UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el actual Ministro de Relaciones exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, quien además será suspendido del ejercicio del cargo provisionalmente por el término de tres meses.
Según la decisión. Leyva habría podido incurrir en una posible falta descrita en el numeral 3 del artículo 54 del CGD, al participar en la etapa precontractual dentro del proceso de Licitación Pública LP – 001 de 2023, con desconocimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de la contratación estatal, al haber declarado desierto el proceso de licitación pública, a través de la Resolución No. 7485 de 13 de septiembre de 2023, sin que se acreditaran los presupuestos normativos para dicha declaratoria.
Pasaportes.
De acuerdo con el ente de control, Leyva Durán no justificó una causa que impidiera la escogencia objetiva del contratista, por el contrario, el Comité Evaluador del proceso, había otorgado en el informe final de evaluación un puntaje de 1000 puntos al proponente UT Pasaportes 2023 (el de Thomas Greg) y había recomendado al ordenador del gasto, adjudicarle la licitación pública.
Cabe señalar que, por estos hechos, ya hay una demanda de Thomas Greg por 117 mil millones de pesos por daños y perjuicios por la declaratoria de desierta. EL TIEMPO conoció en primicia que Leyva ya fue notificado de la decisión.
Pasaporte colombiano
Archivo a favor de Salazar
Según la Procuraduría, el Canciller desconoció que el pliego de condiciones constituye la ley del procedimiento administrativo de selección del contratista y en ese sentido, las reglas que fueron elaboradas por la entidad tenían efectos obligatorios.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría señaló que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo: la primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Finalmente, la Entidad dispuso el archivo de la investigación a favor del secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez. Sobre el caso de Salazar, la Procuraduría asegura: “Por cuanto del análisis efectuado se determina que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, en el entendido que no se advierte que con las decisiones a través de las cuales ordenó la suspensión del proceso se hubiera incurrido en el incumplimiento de sus funciones”.
Cronología del proceso
En septiembre pasado, la Procuraduría abrió una investigación contra Leyva y contra el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, por irregularidades en la anulación de la licitación para expedir los pasaportes.
La Cancillería indicó entonces que esa decisión fue tomada porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no existe libre competencia ya que en los últimos 17 años la misma firma, Thomas Greg & Sons, se ha encargado de producir los pasaportes y etiquetas de visado colombianas.
Ante estas sospechas, el 12 de septiembre pasado la Cancillería suspendió la audiencia de adjudicación en la que se iba a definir si la licitación seguía en poder de Thomas Greg & Sons o si por el contrario se declaraba desierta por la falta de oferentes.
Sin embargo, el 2 de octubre, Leyva dijo en un comunicado que “se recurrió a la figura de urgencia manifiesta” para prolongar el contrato en cuestión, mientras se hacía “la convocatoria de manera inmediata a una nueva licitación plenamente garantista” para evitar retrasos en la expedición de esos documentos de viaje.
“Al secretario general de la Cancillería se le archivó la investigación”, agregó la procuradora Cabello Blanco.
Contrato vigente y demandas
Al contrato con Thomas Greg & Sons le quedaban todavía tres años de vigencia, razón por la cual la empresa, tras no llegar a un acuerdo de conciliación con el Gobierno, anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares).
Al comienzo de la licitación se presentaron empresas grandes como la encargada de los documentos oficiales para Francia o Perú, pero todas las compañías se retiraron al alegar que no había garantías para competir por ese contrato.
La Procuraduría indicó que la primera falta del canciller, que por estos días está de viaje en Suiza, fue “declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”.
En segundo lugar, el organismo de control dictó cargos contra Leyva porque decretó la “urgencia manifiesta” durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
La controversia por el contrato de los pasaportes le costó el cargo a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, a quien el presidente colombiano, Gustavo Petro, le pidió la renuncia luego de que Leyva le reprochara porque supuestamente no estaba haciendo bien la defensa del caso.
PORTAFOLIO
Con información de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO
