“El precio de la energía en bolsa es perverso”: Superservicios habla de la reforma a los servicios públicos

Según la Superservicios, el objetivo es pasar algunos cambios por decreto y no todo por reforma.

Alianza Informativa El Colombiano / Andrés Villamizar

04 de julio de 2024

Este mes se abrirá un camino que traería varios cambios para los servicios públicos en Colombia. Muchos de esos irán en un paquete de artículos que entrarían como proyecto de ley en el Congreso de la República. No obstante, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, confirmó que el Gobierno Petro haría una parte de esos ajustes por decreto.

Según el funcionario, la idea del Ejecutivo es presentar la reforma este 20 de julio y lograr su aprobación este año. La intención es modificar la Ley 142 (ley de servicios públicos), que determina la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país.

Quiroga habló con EL COLOMBIANO desde Cartagena, donde se realizaba el congreso de Andesco, el gremio de las empresas del sector, la semana pasada.

“Lo primero que se debe aclarar es que, como será concertada, nosotros no estamos interesados en dañar el mercado ni mucho menos. Todo lo que se haga en cuanto a facilidades para los prestadores, los beneficiará, por eso insisto en que se busca un diálogo con ellos porque también tienen unas propuestas que están obstaculizando. Hay algunos prestadores que tienen problemas con las licencias, vamos a recoger todas sus inquietudes. No estamos interesados en acabar con las licencias, queremos mejorar y que juntos busquemos una solución, pero que no solo beneficie a las empresas, sino a los usuarios”.

Ustedes tienen el respaldo de algunas empresas, pero Andesco ha mostrado su preocupación por la propuesta de poner un techo para el precio de la energía en bolsa, ¿eso seguirá en firme?

“El precio en bolsa hay que tocarlo, eso es parte de la regulación, porque la energía se vende por dos métodos, por bolsa y por contratos a largo plazo, pero, a veces esos contratos son muy exigentes para los distribuidores, entonces se ven sometidos al precio de bolsa, donde hay un sistema que, para mí, es perverso porque el más ineficiente termina poniendo el precio. Eso es un tema complejo, lo estamos revisando y ya se están tomando decisiones. El precio de bolsa debe tener unos límites, no es que el más ineficiente pone a $1.000 el kilovatio y toca pagárselo a todos a ese precio”.

¿Difiere en que eso tiene una repercusión en el precio?

“No, claro que tiene que incidir en la tarifa, tiene que bajar. Lo que estamos diciendo es que la rentabilidad hoy de los prestadores del servicio de energía es demasiado alta, tiene que haber equidad, entonces estamos planteando que la constitución da un mandato de justicia, de igualdad, de equidad, hay que tener unos precios justos”.

¿Esta reforma se presentará efectivamente en julio?

“Trataremos de hacerlo, no es fácil llegar a unos acuerdos porque hay diferentes opiniones y distintos intereses. Vamos a hacer todo lo posible para pasar el proyecto. Estamos mirando que no todo tiene que llevarse a ley, es decir, el presidente puede sacar algunas normas como en cualquier reforma, porque un derecho fundamental de la gente es de aplicación inmediata, entonces para qué se lleva al Congreso si la Constitución dice que es fundamental y el Gobierno tiene que cumplir con eso”.

¿Eso quiere decir que algunas iniciativas se harán por decreto?

“El presidente tiene unas facultades para fijar políticas de eficiencia de los servicios públicos, hay algunas cosas que tiene que hacerlas por el Congreso, pero el presidente también tiene facultades para tomar decisiones sobre los servicios públicos, de hecho, la Ley 142 ha sido reformada muchas veces por decreto. Entonces, solo lo sustancial y lo que verdad tenga que pasar por el Congreso irá en el proyecto de ley”.

¿Cuáles iniciativas irían por decreto?

“No está todavía clasificado qué vamos a hacer por decreto y cuáles por reforma. Hay una compilación de propuestas de varios actores, vamos a depurar para saber cuáles”.

¿La orden del presidente es que se apruebe en la próxima legislatura?

“Pues mire como están las reformas que el Gobierno lleva al Congreso, claramente el Gobierno quiere que se aprueben con más facilidad, pero vamos a ver cómo siguen las condiciones políticas, porque como se acerca la campaña, eso va a haber más política que reformas”.

Seamos más precisos con esa premisa, ¿a qué se refiere?

“En el Congreso se le va a poner más cuidado a la política que a las reformas. En una campaña usted sabe que todos se dedican y se preocupan más a hacer política que a hacer reformas”.

¿Cuál es la esencia de esta reforma?

“La esencia será el usuario, ellos son el centro de los servicios públicos porque son esenciales del ser humano y hay que garantizárselos, que tengan un mínimo vital y que le respeten el debido proceso y no le impongan condiciones, como quitarles el medidor y ponerles otro. Nos llegan muchas quejas sobre los costos promedio para los usuarios, situaciones que debemos corregir”.

Andesco ha expresado que se financie la deuda de la opción tarifaria, también para estratos 4, 5 y 6, ¿al final habrá la posibilidad de que eso se cambie en el proyecto?

“Eso depende de los recursos y hay problemas con el presupuesto. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales algunas normas de donde se esperaban sacar ingresos y por esa decisión se bajaron. Nosotros hemos recibido algunas solicitudes de los estratos 4, 5 y 6 para que el Estado asuma esa deuda, se les está haciendo un crédito a los comercializadores para que tengan flujo de caja y para que no les cobren a los usuarios. El Gobierno a lo que se ha comprometido es a presentar un proyecto de ley en el cual se le autorice para que esa deuda se condone, es decir, que el Estado la asuma como deuda pública, puede que en el Congreso se apruebe que sea para todos los estratos, eso se definirá allá”.

Algunos calificaron de populista esta propuesta, ¿cuál es la defensa?

“No, eso no es populismo, porque es casi una cuestión muy justa. El problema es que la regulación ha estado más fundamentada con incidencia de los prestadores, entonces para muchos lo importante es el negocio y el mercado, nosotros queremos que se regule pensando en el usuario. Hay muchas pérdidas a causa del atraso en la infraestructura de energía y eso hace que se causen pérdidas que termina pagando los usuarios”.

Entonces, ¿en su concepto está predominando el negocio por encima del derecho de los usuarios?

“Sí, mire usted la Costa Caribe. La liquidación de Electricaribe trajo consecuencias. Al Gobierno le costó más de $12 billones ese problema. Estamos vigilando si realmente están cumpliendo con los compromisos que se hicieron”.

Este mes se abrirá un camino que traería varios cambios para los servicios públicos en Colombia. Muchos de esos irán en un paquete de artículos que entrarían como proyecto de ley en el Congreso de la República. No obstante, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, confirmó que el Gobierno Petro haría una parte de esos ajustes por decreto.

Según el funcionario, la idea del Ejecutivo es presentar la reforma este 20 de julio y lograr su aprobación este año. La intención es modificar la Ley 142 (ley de servicios públicos), que determina la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país.

Quiroga habló con EL COLOMBIANO desde Cartagena, donde se realizaba el congreso de Andesco, el gremio de las empresas del sector, la semana pasada.

¿Qué mensaje de la reforma de servicios trajeron a Andesco?

“Lo primero que se debe aclarar es que, como será concertada, nosotros no estamos interesados en dañar el mercado ni mucho menos. Todo lo que se haga en cuanto a facilidades para los prestadores, los beneficiará, por eso insisto en que se busca un diálogo con ellos porque también tienen unas propuestas que están obstaculizando. Hay algunos prestadores que tienen problemas con las licencias, vamos a recoger todas sus inquietudes. No estamos interesados en acabar con las licencias, queremos mejorar y que juntos busquemos una solución, pero que no solo beneficie a las empresas, sino a los usuarios”.

Ustedes tienen el respaldo de algunas empresas, pero Andesco ha mostrado su preocupación por la propuesta de poner un techo para el precio de la energía en bolsa, ¿eso seguirá en firme?

“El precio en bolsa hay que tocarlo, eso es parte de la regulación, porque la energía se vende por dos métodos, por bolsa y por contratos a largo plazo, pero, a veces esos contratos son muy exigentes para los distribuidores, entonces se ven sometidos al precio de bolsa, donde hay un sistema que, para mí, es perverso porque el más ineficiente termina poniendo el precio. Eso es un tema complejo, lo estamos revisando y ya se están tomando decisiones. El precio de bolsa debe tener unos límites, no es que el más ineficiente pone a $1.000 el kilovatio y toca pagárselo a todos a ese precio”.

¿Difiere en que eso tiene una repercusión en el precio?

“No, claro que tiene que incidir en la tarifa, tiene que bajar. Lo que estamos diciendo es que la rentabilidad hoy de los prestadores del servicio de energía es demasiado alta, tiene que haber equidad, entonces estamos planteando que la constitución da un mandato de justicia, de igualdad, de equidad, hay que tener unos precios justos”.

¿Esta reforma se presentará efectivamente en julio?

“Trataremos de hacerlo, no es fácil llegar a unos acuerdos porque hay diferentes opiniones y distintos intereses. Vamos a hacer todo lo posible para pasar el proyecto. Estamos mirando que no todo tiene que llevarse a ley, es decir, el presidente puede sacar algunas normas como en cualquier reforma, porque un derecho fundamental de la gente es de aplicación inmediata, entonces para qué se lleva al Congreso si la Constitución dice que es fundamental y el Gobierno tiene que cumplir con eso”.

¿Eso quiere decir que algunas iniciativas se harán por decreto?

“El presidente tiene unas facultades para fijar políticas de eficiencia de los servicios públicos, hay algunas cosas que tiene que hacerlas por el Congreso, pero el presidente también tiene facultades para tomar decisiones sobre los servicios públicos, de hecho, la Ley 142 ha sido reformada muchas veces por decreto. Entonces, solo lo sustancial y lo que verdad tenga que pasar por el Congreso irá en el proyecto de ley”.

¿Cuáles iniciativas irían por decreto?

“No está todavía clasificado qué vamos a hacer por decreto y cuáles por reforma. Hay una compilación de propuestas de varios actores, vamos a depurar para saber cuáles”.

¿La orden del presidente es que se apruebe en la próxima legislatura?

“Pues mire como están las reformas que el Gobierno lleva al Congreso, claramente el Gobierno quiere que se aprueben con más facilidad, pero vamos a ver cómo siguen las condiciones políticas, porque como se acerca la campaña, eso va a haber más política que reformas”.

Seamos más precisos con esa premisa, ¿a qué se refiere?

“En el Congreso se le va a poner más cuidado a la política que a las reformas. En una campaña usted sabe que todos se dedican y se preocupan más a hacer política que a hacer reformas”.

¿Cuál es la esencia de esta reforma?

“La esencia será el usuario, ellos son el centro de los servicios públicos porque son esenciales del ser humano y hay que garantizárselos, que tengan un mínimo vital y que le respeten el debido proceso y no le impongan condiciones, como quitarles el medidor y ponerles otro. Nos llegan muchas quejas sobre los costos promedio para los usuarios, situaciones que debemos corregir”.

Andesco ha expresado que se financie la deuda de la opción tarifaria, también para estratos 4, 5 y 6, ¿al final habrá la posibilidad de que eso se cambie en el proyecto?

“Eso depende de los recursos y hay problemas con el presupuesto. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales algunas normas de donde se esperaban sacar ingresos y por esa decisión se bajaron. Nosotros hemos recibido algunas solicitudes de los estratos 4, 5 y 6 para que el Estado asuma esa deuda, se les está haciendo un crédito a los comercializadores para que tengan flujo de caja y para que no les cobren a los usuarios. El Gobierno a lo que se ha comprometido es a presentar un proyecto de ley en el cual se le autorice para que esa deuda se condone, es decir, que el Estado la asuma como deuda pública, puede que en el Congreso se apruebe que sea para todos los estratos, eso se definirá allá”.

Algunos calificaron de populista esta propuesta, ¿cuál es la defensa?

“No, eso no es populismo, porque es casi una cuestión muy justa. El problema es que la regulación ha estado más fundamentada con incidencia de los prestadores, entonces para muchos lo importante es el negocio y el mercado, nosotros queremos que se regule pensando en el usuario. Hay muchas pérdidas a causa del atraso en la infraestructura de energía y eso hace que se causen pérdidas que termina pagando los usuarios”.

Entonces, ¿en su concepto está predominando el negocio por encima del derecho de los usuarios?

“Sí, mire usted la Costa Caribe. La liquidación de Electricaribe trajo consecuencias. Al Gobierno le costó más de $12 billones ese problema. Estamos vigilando si realmente están cumpliendo con los compromisos que se hicieron”.