Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Foto EFE

La acción, presentada por el senador Iván Cepeda, buscaba que la Fiscalía acusara formalmente al exmandatario, tras cesar toda labor investigativa.

El Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela presentada por el senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima dentro del proceso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, que pretendía que la Fiscalía acusara al exmandatario de esos delitos.

Según el Tribunal, “no se evidencia que exista vulneración de derechos en contra de Iván Cepeda Castro, debiéndose negar la solicitud de amparo”.

Cepeda pretendía que se ordenara a la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, encargada del caso, que cesara toda labor investigativa y se pasara a la acusación contra Uribe.

Otra pretensión era la asignación de un fiscal ad hoc para que éste tomara el caso y procediera a acusar a Uribe, luego de que la Fiscalía presentara en dos ocasiones la solicitud de cierre del caso por soborno a testigos.

Con el fallo de hoy, el Tribunal de Bogotá rechaza las pretensiones de Cepeda y por tanto el caso seguirá en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien deberá decidir si hay suficiente material probatorio que permita realizar la acusación al expresidente.

El caso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.

En agosto de 2020 Uribe renunció a su escaño como senador del partido Centro Democrático para dejar de estar aforado y que su caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria.

Con ese cambio, el proceso quedó en manos de la Fiscalía -acusada de ser afín al uribismo-, que decidió que no había pruebas para perseguir judicialmente al expresidente.

EFE